Bajo amenazas, presiones y miedo, los trabajadores de la firma usuaria de Zona Franca Florida, Porto Calares S.A., realizaron esta semana un “trancazo” al ingreso de transportes -no a los trabajadores- y se movilizaron, una vez más, para que la empresa responda por qué envió a más del 50% de su personal al seguro de desempleo.
“Llevamos más 45 días y no hubo respuesta. Hubo cinco
reuniones en Dinatra y una bipartita, y no hay respuesta. Hay 23 personas en el
seguro y no hay respuesta. Se paga sólo poco
más de 6000 pesos y no hay respuestas”, explica en un panorama de
incertidumbre, Iliana Sastre, una de las trabajadoras agremiadas que lucha cada
día, no sólo por sus compañeros, sino para llegar al final de meses
verdaderamente complicados: UTE, OSE, y un montón de otras facturas.
Porto Calares es una empresa usuaria
de Zona Franca, esto es, opera en el enclave con exoneración de todo tributo
nacional asegurado por el Estado. No obstante, no
está exenta de las contribuciones de seguridad social a los trabajadores.
“La empresa nunca se mostró. Hoy
no se sabe por qué estaba en seguro. Están pagando miserias porque sólo
liquidan los salarios básicos sin los beneficios. Es
una desgracia tomar esta medida pero necesitamos una respuesta porque no
sabemos nada. Y no estamos molestando a ningún trabajador”, aclara Sastre.
Luego de la movilización, hubo conversaciones internas
entre actores políticos y representantes de Zona Franca que, producto de la
movilización, comenzaron la búsqueda de una salida a la situación, aunque se
habría reconocido que “los empresarios no aparecen”.
PERSECUCIÓN,
AMENAZAS, MIEDO
La representante de la Federación Uruguaya de Empleados de
Comercio y Servicios (Fuecys) en Florida, Graciela Luzardo, reclamó al titular
de Zona Franca Florida, Luis Calachi que, al menos, interceda.
“Acá hay un detalle claro: las cuentas apremian, algunos no
cobraron y nadie puede vivir con eso. Esta medida se tomó para ver si alguien
obliga a venir a los argentinos. Se dijo que se impidió el paso a los
trabajadores, y no es así.
Calachi se ofende pero él llega a su casa y no tiene
problemas. A estos trabajadores los apremian los problemas. Es una medida de
lucha y no se molesta a nadie.
Además de las amenazas, y señalar a los obreros que piensen
lo que van a hacer, nos gustaría que él también intercediera, ya que puede
decir a los trabajadores lo que tiene que hacer”, enfatizó Luzardo.
La representante entiende además que la información, aún la
peor de todas, ayuda a las trabajadoras “a moverse de otra manera”.
“Sólo queremos una respuesta. Que
vengan y les digan si al menos las van a echar, porque el trabajador se mueve
de otra manera. Hay persecución, amenazas y miedo a
las trabajadoras que son, la mayoría, jefas de hogar”.
IMPUNES
Para uno de los secretarios ejecutivos del Pit-Cnt, Fabio
Riverón, esta situación, es una demostración de la sensación de impunidad que
tienen las zonas francas.
“Tenemos que respaldar a las compañeras. Esta es una medida
que se toma en forma obligada. Y estos problemas son parte de las denuncias de
estas figuras que sienten esa impunidad ante la ley en Uruguay.
Peor aún, hay presión ante las mujeres. Y queremos una
respuesta, sino la hay de la empresa, de las otras figuras como diputados,
representantes de ministerios o el titular de la zona”.
Riverón advirtió que las
manifestaciones no se detendrán si no hay respuestas. “Si
no hay avance, la federación ya analiza otras medidas”.
OTRA REALIDAD
El apoyo en Florida estuvo dado por la Mesa Intersindical y
el Sunca. Jorge González dijo que lamentó escuchar expresiones en un medio
radial que no se condicen con los hechos.
“Escuchamos la radio Florida y se dicen cosas por fuera de
la realidad. Estar acá es parte del derecho que tienen los trabajadores. Capaz
que por ahí hay otros intereses, pero acá el derecho a manifestarse lo tienen
todos los trabajadores.
En esta sociedad aún queda eso de que la mujer es más
vapuleada. Hay que cambiar la pisada”, concluyó.
FLORIDADIARIO
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