OPINIÓN
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| Alberto Javier Mazza. |
Resulta particularmente interesante
analizar la forma en que se administran los recursos públicos por parte de
actores que –legitimados por el voto ciudadano- circunstancialmente tienen el
poder de decidir en qué y cómo se invierte.
El mérito del respaldo ciudadano a través
de las urnas –que no es dato menor- parece otorgar a algunos además impunidad,
un reconocimiento de un saber supremo, por cuanto de todo opinan, de todo saben
y todo lo resuelven.
Uno de los ejemplos recientes que sirven
para ilustrar esta realidad que, seguramente por ignorancia no comprendemos ni
compartimos, la dio la Junta Departamental de Florida al ratificar la decisión
unilateral de los administradores circunstanciales de la Intendencia en
destinar unos 7 millones de pesos para adquirir la ex sede del Banco Caja
Obrera.
Dice la Resolución de la Intendencia que
allí “se brindarán servicios municipales mediante la instalación de diversas
oficinas públicas, proyectándose asimismo la creación de un Centro de Mediación
en coordinación con la Suprema Corte de Justicia”.
¿Tantos funcionarios ingresaron a la
Intendencia de Florida que necesita un edificio para trasladar sus oficinas?
¿No fue suficiente con alquilar al menos
tres viviendas en la ciudad de Florida para que se logren mejores servicios a
la comunidad?
¿Qué oficinas públicas van a funcionar?,
¿por qué no se especifica?
La respuesta puede ser una, tan válida
como el argumento que utiliza el administrador: ni idea. La otra: hay
un cangrejo debajo de la pieda.
Pero además, cabe preguntarse como
ciudadano, si tomamos como válida las expresiones del ex intendente Carlos
Enciso cuando se retiró, en cuanto a que existen disponibles más de 60 millones
de pesos, ¿es necesario gastarlo en más espacio para generar más burocracia?.
Entre las lecturas que podemos hacer nos
surge claramente que se trata de una forma de administrar que no solamente es
responsabilidad del gobierno de turno, sino además de quienes deben controlarlo
porque para eso también resultaron electos.
Esta forma de administrar es la misma,
por citar solamente un ejemplo, que endeuda a la institución
Intendencia en casi 5 millones de dólares en el negocio de las lámparas de
inducción magnética, que si bien representan un ahorro, el mismo es virtual, ya
que recién será palpable cuando se termine de pagar a la empresa que se
contrató directamente.
Y la Junta no es el mejor ejemplo.
Dilapidó durante buena parte de este
período en el pago de un alquiler de una vivienda para que funcionaran sus
oficinas mientras se concretaba una reforma de su edificio
que NUNCA ocurrió.
Y aquí no pasa nada, total la plata la
pone el contribuyente, el Gobierno Central (en definitiva el contribuyente),
llega a través de impuestos que paga el contribuyente, pero no sale del
patrimonio propio del gobernante.
Como la situación económica, social, y
productiva está mejor, el contribuyente no se entera.
Por eso los floridenses “compramos” un
edificio propiedad del “Estado”.
Mientras tanto, oficinas del Estado como
la Dirección Departamental de Salud, la Red Primaria de Atención, el MIDES, y
otras tantas pagan alquileres.
Y “alquilamos” una casa para poner un
Museo, otra para que ensaye una Orquesta, otra para que funcione el despacho de
un Director, y otra para que la empresa de Inducción Magnética junto a
funcionarios municipales tengan de depósito.
Todo esto porque TODAS las
dependencias municipales nos han quedado chicas.
Hay más ejemplos, la preocupación de los
funcionarios municipales quedará para otro artículo.
Alberto
Mazza
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