Por estos días la vieja idea del presidente José Mujica de dividir al país en regiones recibió un inesperado replanteo que si bien no se ajusta a la propuesta inicial del mandatario, sí parece recoger el espíritu que le dio origen.
De acuerdo a una información difundida en su edición de la semana pasada por el semanario Búsqueda, la propuesta fue realizada al mandatario por cuatro intendentes que pertenecen al Partido Nacional: Armando Castaingdebat (Flores), José Luis Falero (San José), Carlos Enciso (Florida) y Benjamín Irazábal (Durazno).
Entre otros aspectos, los jefes comunales aspiran a crear una empresa pública que opere en el derecho privado y que tendría a su cargo la administración de los recursos que genere la aplicación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, los que serán destinados a la reparación de la caminería departamental.
Este extremo permitiría -por ejemplo- que las reparaciones de caminos vecinales no terminaran en el límite departamental, sino continuar y trabajar en forma conjunta.
La medida propuesta por los intendentes es acertada por varias razones. Una, que tiene que ver con el siempre necesario acotamiento de los gastos. Nadie puede pensar que en el Uruguay de hoy -fundamentalmente en el Estado-, los recursos son ilimitados. Todo lo contrario.
Por otro lado, también es importante ya que en cierta forma se retoma la propuesta del presidente Mujica de crear la figura de los coordinadores regionales, que en su momento despertó una lluvia de críticas de la oposición, que llegó a considerar inconstitucional la iniciativa por violatoria de la autonomía departamental. De inmediato surgió la sospecha de que el delegado o coordinador presidencial sería una suerte de competencia para el intendente -elegido por el pueblo- y un probable candidato electoral en competencia con los diputados locales y con el propio jefe comunal.
En todo caso, y aunque esa no fuera de modo alguno la intención del presidente Mujica, la designación de un representante del presidente le daría al funcionario en el que recayera la responsabilidad un peso muy importante en la vida del departamento.
Y la posibilidad de capitalizar políticamente en su favor -sólo dependería de la voluntad de quien se trate- cualquier aporte en obras, maquinaria, instalación de fuentes de empleo, radicación de proyectos de inversión que pudiera tener su origen en el Poder Ejecutivo y beneficiar a una circunscripción departamental.
Ahora el camino sugerido es diferente y no choca con las competencias de ningún gobierno, ni el nacional ni los departamentales.
Así las cosas, el golpe de timón que ya se ha dado acerca mucho las posiciones y permite augurar que la iniciativa expuesta está mucho más cerca de llegar a buen puerto en aguas propicias y sin desatar un vendaval de oposiciones.
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De acuerdo a una información difundida en su edición de la semana pasada por el semanario Búsqueda, la propuesta fue realizada al mandatario por cuatro intendentes que pertenecen al Partido Nacional: Armando Castaingdebat (Flores), José Luis Falero (San José), Carlos Enciso (Florida) y Benjamín Irazábal (Durazno).
Entre otros aspectos, los jefes comunales aspiran a crear una empresa pública que opere en el derecho privado y que tendría a su cargo la administración de los recursos que genere la aplicación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, los que serán destinados a la reparación de la caminería departamental.
Este extremo permitiría -por ejemplo- que las reparaciones de caminos vecinales no terminaran en el límite departamental, sino continuar y trabajar en forma conjunta.
La medida propuesta por los intendentes es acertada por varias razones. Una, que tiene que ver con el siempre necesario acotamiento de los gastos. Nadie puede pensar que en el Uruguay de hoy -fundamentalmente en el Estado-, los recursos son ilimitados. Todo lo contrario.
Por otro lado, también es importante ya que en cierta forma se retoma la propuesta del presidente Mujica de crear la figura de los coordinadores regionales, que en su momento despertó una lluvia de críticas de la oposición, que llegó a considerar inconstitucional la iniciativa por violatoria de la autonomía departamental. De inmediato surgió la sospecha de que el delegado o coordinador presidencial sería una suerte de competencia para el intendente -elegido por el pueblo- y un probable candidato electoral en competencia con los diputados locales y con el propio jefe comunal.
En todo caso, y aunque esa no fuera de modo alguno la intención del presidente Mujica, la designación de un representante del presidente le daría al funcionario en el que recayera la responsabilidad un peso muy importante en la vida del departamento.
Y la posibilidad de capitalizar políticamente en su favor -sólo dependería de la voluntad de quien se trate- cualquier aporte en obras, maquinaria, instalación de fuentes de empleo, radicación de proyectos de inversión que pudiera tener su origen en el Poder Ejecutivo y beneficiar a una circunscripción departamental.
Ahora el camino sugerido es diferente y no choca con las competencias de ningún gobierno, ni el nacional ni los departamentales.
Así las cosas, el golpe de timón que ya se ha dado acerca mucho las posiciones y permite augurar que la iniciativa expuesta está mucho más cerca de llegar a buen puerto en aguas propicias y sin desatar un vendaval de oposiciones.
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