Mujica busca solución a "guerra de patentes"

El presidente electo se meterá de lleno este martes en “la guerra de las patentes” en busca de ponerle un punto final a las diferencias entre las intendencias respecto al cobro de ese gravamen para la circulación de los vehículos.

Para solucionar el tema, hay una propuesta sobre la mesa que es vista con buenos ojos por José Mujica: que la patente deje de ser cobrada directamente por las intendencias y pase a ser un impuesto que recaiga sobre el precio los combustibles.

Ayer el intendente de Canelones Marcos Carámbula, se reunió con Mujica en la sede del Frente Amplio y discutieron sobre este tema que será puesto a consideración en un congreso extraordinario de intendentes que se realizará el martes. Carámbula se pronunció a favor de ese criterio para dejar atrás históricas diferencias que las comunas han tenido y poner fin a las diferencias. “Ese es uno de los temas que nos convocan. Es un tema que tenemos que resolver definitivamente y lo tenemos que hacer en sintonía el Congreso de Intendentes con el Poder Ejecutivo. Probablemente sea uno de los temas que él aborde el próximo martes”, dijo Carámbula en rueda de prensa una vez concluida la reunión.

Mujica ya ha dicho públicamente su voluntad de ir hacia el mecanismo de cobrar las patentes por circulación a los vehículos a través de los combustibles para evitar criterios diferentes a nivel nacional. “Si las intendencias no se ponen de acuerdo, capaz que hay que abolirlas e incluir el impuesto de la patente en el combustible, como pasa en algunos países”, declaró en una conferencia de prensa el 16 de noviembre de este año en Colonia durante la campaña electoral.

Justamente en uno de los departamentos que tiene los precios más bajos en las patentes, Mujica adelantó su idea, la que deberá ser discutida entre todos los jefes comunales. Si bien Carámbula no transmitió a los medios la respuesta que le dio Mujica a su planteo, adelantó que “estuvimos de acuerdo en una serie de temas que él comunicará”.

TERMINAR CON EL TEMA

Ya como presidente electo, Mujica da muestras de querer dar por finalizado este tema que persiste pese a que hay una ley aprobada que buscaba darle punto final. “Los intendentes nos ponemos de acuerdo pero cuando hay una o dos intendencias que no cumplen las resoluciones volvemos siempre a foja cero. Definitivamente en una señal de madurez como país tenemos que encontrar una solución nacional y tenemos que ver la forma de ponernos de acuerdo el Congreso de Intendentes con el Poder Ejecutivo para laudar el tema. De eso hablamos con el presidente electo y él va a ir el martes al Congreso”, informó Carámbula. “No podemos estar buscando a quién tiene la patente más baja sino que los usuarios sepan que tienen certezas y, por lo tanto, que el país avance con seriedad en esto. Es un primer gran paso”, agregó.

LEY CON DIVERSAS INTERPRETACIONES

Ya hay en vigencia una ley para sancionar a quienes tengan sus vehículos empadronados en otro departamento sin que tenga ningún “interés económico” como un lugar de trabajo que lo justifique.

En ese marco, las intendencias acordaron la semana pasada que comenzarán a fiscalizar a autos empadronados en otro departamento a partir del 1° de enero del año que viene e incluso que se podrá remitir a la Justicia a los conductores apelando a cuestiones establecidas en la normativa aprobada en el Parlamento.

Sin embargo, los criterios de aplicación de la norma dan lugar a dudas y, por esa razón, algunos jefes comunales ya piensan en otros mecanismos para el cobro de patentes como la propuesta de hacerlo a través de los combustibles. La ley establece que cuando se encuentre un vehículo circulando y esté empadronado en otro departamento se pedirá un certificado de residencia que puede ser probado con alguna factura de UTE, Antel, u OSE. Si el conductor no lo presenta, el inspector de tránsito podrá retirarle la matrícula, secuestrarle el automóvil y hasta iniciar una demanda penal en contra de la persona por falsedad ideológica o material.

El último punto es cuestionado por algunos juristas que entienden que las sanciones no deben ir en contra de los particulares sino que tienen que dirigirse a las intendencias que efectúan los empadronamientos.
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